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- El partido animalista PACMA ha puesto de manifiesto que los retrasos en la aprobación de los presupuestos de varios ayuntamientos de Ibiza no son atribuibles a sus alegaciones, sino a la gestión y los plazos establecidos por los propios consistorios.
El partido animalista PACMA ha puesto de manifiesto que los retrasos en la aprobación de los presupuestos de varios ayuntamientos de Ibiza no son atribuibles a sus alegaciones, sino a la gestión y los plazos establecidos por los propios consistorios. Esta aclaración surge en respuesta a las declaraciones del Ayuntamiento de Ibiza y Sant Josep, que vinculaban la falta de avance con la acción de entidades ciudadanas, incluyendo a PACMA.
Desde la formación se enfatiza que «la presentación de alegaciones es un derecho» protegido por la normativa vigente, específicamente el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula las Haciendas Locales. De acuerdo con la ley, los presupuestos deben ser aprobados antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, lo que abre un periodo mínimo de 15 días de exposición pública para alegaciones, permitiendo la revisión y tramitación de cualquier propuesta ciudadana.
Exposición pública y plazos ajustados
Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza presentó sus presupuestos el 22 de diciembre y Sant Josep el 19 de diciembre, lo que dejó un margen legal muy limitado para la participación pública. Esto ha conducido a que el año 2025 comience sin presupuestos aprobados. Según Olivier Hassler, coordinador insular de PACMA en Ibiza, «el ejercicio de este derecho es parte del proceso ordinario de aprobación presupuestaria y no puede considerarse como causa de bloqueos administrativos o retrasos en la gestión municipal».
Hassler también subraya que «aprobar los presupuestos fuera de plazo limita los mecanismos de participación y supervisión establecidos por la ley». Resalta que trasladar la responsabilidad de esta falta de previsión administrativa a quienes presentan alegaciones es interpretar erróneamente el procedimiento y el reparto de responsabilidades.
Así, PACMA sostiene que el derecho a alegar debe ser protegido, afirmando que cualquier retraso es consecuencia de la programación administrativa y no del uso legítimo de los canales de participación ciudadana.
