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- Se documentaron numerosos casos de intimidaciones, donde se amenazó a beneficiarios de programas sociales para que apoyaran al gobernador, o se les ofrecieron apoyos económicos a cambio de votos.
Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, fue sometido a un proceso de revocación de mandato, una primicia en las entidades federativas del país. A pesar de que no dejará su cargo, el acontecimiento ha tenido un costo político y social significativo.
Según el organismo electoral, Jara recibió cerca del 60% de los votos en favor de continuar en su posición, frente al 40% que se opuso. A simple vista, estos resultados podrían interpretarse como un claro triunfo.
Sin embargo, se presentan cifras preocupantes en áreas clave, como la capital del estado, donde perdió con un 70% de votos en contra. Esto revela la vulnerabilidad de su liderazgo. Es relevante señalar que el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena a nivel nacional, jugó un rol crucial en movilizar la oposición contra el gobernador, mostrando una clara tensión en el panorama político local.
La situación de Jara es frágil; lejos de consolidar su poder, este ejercicio ha sembrado dudas sobre su gestión. Además, ha perdido legitimidad social, incluso entre seguidores de la Cuarta Transformación, debido a la mala gestión durante el proceso electoral, evidenciada a través de redes sociales con denuncias y videos.
Prácticas nocivas del pasado, como el acarreo y la coacción del voto, fueron reportadas. Se documentaron numerosos casos de intimidaciones, donde se amenazó a beneficiarios de programas sociales para que apoyaran al gobernador, o se les ofrecieron apoyos económicos a cambio de votos.
Este panorama contrasta con las promesas de eliminar los vicios de la política tradicional en México, evidenciando que estas prácticas no solo fueron toleradas, sino que desdibujan aún más la figura del gobernador en el ámbito político.
De cara al 2027, su posición es débil, lo que invita a cuestionar su capacidad para mantenerse en el poder. Este escenario también abre la posibilidad de un distanciamiento con el PT, a quien necesita más que nunca. La falta de credibilidad social se hace evidente ante los abusos cometidos por miembros de su equipo, generando descontento en regiones como los Valles Centrales y la Mixteca.
El modelo de revocación de mandato propuesto por Andrés Manuel López Obrador no está erróneo, pero su objetivo parece diluirse en un intento por validar el poder a cualquier costo. La pregunta que surge es: ¿realmente era necesario este ejercicio si no había demandas claras para retirar al gobernador? Este tipo de procesos debería surgir de la ciudadanía y no ser utilizados para reforzar un liderazgo de manera innecesaria.
¿Qué otro estado se sumará a la legalización de la revocación de mandato? Cualquier entidad que lo haga otorgará un poder esencial a la sociedad. El problema no radica en el instrumento en sí, sino en las prácticas políticas que lo rodean. Es fundamental que la revocación se reevalúe para que proceda solo bajo demanda ciudadana, con un respaldo de firmas, evitando que se convierta en un simple mecanismo para reafirmar liderazgos.
