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- Delitos bajo investigación Según el auto, el juez ha encontrado indicios que permiten atribuir a los investigados posibles delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, ambos se juzgarían por un jurado popular.
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido reactivar la propuesta para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sea juzgada por un tribunal de jurado. Esta determinación, plasmada en un reciente auto, también afecta a su asesora en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La decisión viene tras la anulación de una resolución previa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, motivada por la ausencia de fundamentación. El juzgado ha programado una audiencia para el 1 de abril, donde se informará a los implicados sobre su nueva situación jurídica.
Delitos bajo investigación
Según el auto, el juez ha encontrado indicios que permiten atribuir a los investigados posibles delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, ambos se juzgarían por un jurado popular. También se mencionan otros delitos potenciales como apropiación indebida, corrupción en los negocios, corrupción en el sector privado e intrusismo laboral.
Se argumenta que Begoña Gómez pudo haber utilizado su relación con el presidente para avanzar en su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigió la cátedra de Transformación Social Competitiva. El auto expone una conexión entre Gómez y el empresario Barrabés en este contexto, destacando una “integración funcional” del empresario, al tiempo que empresas relacionadas con él se beneficiaron de adjudicaciones públicas.
Asimismo, el juez considera que Gómez pudo haber facilitado la obtención de financiación y establecer conexiones con entidades del ámbito tecnológico y empresarial. Se aprecian indicios de acciones que podrían considerarse como delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Papel de la asesora
El juez analiza también el papel de Cristina Álvarez, personal eventual del Gobierno. Se señala que habría estado implicada de forma continua en actividades relacionadas con la cátedra. Según el auto, su participación sobrepasa las funciones administrativas, sugiriendo un apoyo a intereses privados.
Desarrollo del software
Un aspecto crucial es el desarrollo de una plataforma tecnológica vinculada a la cátedra. El juez indica que este proyecto tenía como objetivo inicial un registro universitario, aunque no fue finalizado. Simultáneamente, Gómez y su asesora aseguraron el control privado de elementos relacionados, como el dominio y la sociedad asociada, sin informar a la universidad ni a los financiadores. Además, se añade que Gómez firmó documentos técnicos de contratos públicos sin tener la habilitación correspondiente.
