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- Según lo manifestado por Enríquez Negreira ante el juez, el club pagó más de diez millones de euros al vicepresidente de los árbitros españoles durante un mínimo de 32 años, con el objetivo de “evitar arbitrajes en contra” de la entidad catalana.
La trama del Barçagate sigue desvelando una red de corrupción alarmante que compromete al FC Barcelona. Según lo manifestado por Enríquez Negreira ante el juez, el club pagó más de diez millones de euros al vicepresidente de los árbitros españoles durante un mínimo de 32 años, con el objetivo de “evitar arbitrajes en contra” de la entidad catalana. Esta afirmación marca un punto de inflexión en la historia del fútbol y expone la gravedad de lo ocurrido, dejando claro que la corrupción ha existido, independientemente del castigo judicial que se imponga.
De hecho, cuando se habla de corrupción a este nivel, queda claro que la suma oficialmente registrada es de 8,4 millones, pero los pagos hasta ahora desconocidos elevan el total a más de diez millones. Otro aspecto a considerar es la aparente inacción de la UEFA. Su presidente, Aleksander Ceferin, ha calificado este caso como el más grave de corrupción que ha presenciado en el mundo del fútbol. La UEFA tiene el poder de sancionar sin esperar a que lo haga la justicia española, especialmente considerando que tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han modificado sus legislaciones para evitar sanciones.
Tres Verdades Clave
- La corrupción ha existido: A pesar de que la justicia española no actúe, la corrupción del Barçagate es innegable.
- Cambios en el Código Ético: La eliminación de sanciones por parte de la RFEF ha sido un paso crucial para proteger al club.
- Preferencia por no sancionar: La legislación se ha modificado rápida y convenientemente para que las acciones del Barça no sean castigadas.
La situación se complica aún más al recordar que, en 2015, bajo la presidencia de Ángel María Villar, se reconocían los delitos de corrupción en el Código Ético de la RFEF. Sin embargo, su sucesor, Luis Rubiales, lo eliminó rápidamente, junto a directivos como Joan Laporta, en un movimiento que careció de justificación lógica.
Reacción del Gobierno
La respuesta del Gobierno español fue colocar, nuevamente, a Albert Soler Leal, un antiguo ejecutivo del Barcelona, en el CSD. Su misión fue modificar la Ley del Deporte, estableciendo que los delitos de corrupción tendrían un periodo de prescripción de solo tres años. De esta manera, el Barçagate parecía destinado a ser olvidado. La justicia se pregunta el motivo detrás de estas decisiones.
Los presidentes del Barcelona, como Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, han admitido que los pagos a Enríquez Negreira se remonta a los años noventa, coincidiendo con controversias arbitrales en las que el Real Madrid sufrió injusticias. Gaspart incluso confirmó que los pagos se realizaron durante su mandato.
Posibilidad de Sanciones por parte de la UEFA
Ceferin expresó su indignación hacia la situación del Barçagate, advirtiendo que “la corrupción no prescribe para la UEFA”. Esta afirmación permite imaginar un posible desenlace donde las sanciones europeas podrían imponerse sin esperar a la resolución del caso en España, enmarcando un panorama incierto para el club catalán.
Así, la combinación de diez millones en pagos, legislaciones cambiadas y el silencio del CSD y la RFEF plantean un interrogante crucial: ¿por qué se han tomado decisiones tan cuestionables en este caso? La sospecha de impunidad prevalece, y la justicia continúa buscando respuestas.
Posdata: José María Enríquez Negreira, nativo de Barcelona, solía ser un habitual en el palco del club, dejando abierta la pregunta sobre el ambiente de impunidad que prevalece. ¿Por qué? La justicia sigue indagando.
