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- El jueves, el Tribunal Constitucional dio luz verde, por un voto de 7 a 5, a la constitucionalidad de los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades para grandes empresas.
En el ámbito informativo, esta semana ha estado marcada por decisiones relevantes en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No obstante, la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha eclipsado otras sentencias significativas. Apenas se han desvelado detalles de las resoluciones más destacadas de esta semana, ya que los tribunales solo han compartido un avance sobre el sentido de sus fallos.
Sentencias del Tribunal Constitucional
El miércoles, el Tribunal Constitucional ratificó de forma unánime la constitucionalidad del reparto de la recaudación del impuesto bancario impugnado por la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta recaudación se ha asignado a las Comunidades Autónomas, aunque “fuera del sistema de financiación”. Asimismo, se sigue el principio de “ordinalidad fuerte” del acuerdo PSC-ERC para la distribución, el cual se basa en el PIB.
- Desigualdad en la distribución: Las CCAA más ricas obtienen más recursos sin considerar sus necesidades. Por ejemplo, según el INE, Madrid recibiría un 136,9% y Andalucía solo un 79,98% de la media nacional, un 45% menos.
- Justificación del Tribunal Constitucional: Este órgano sostiene que la redistribución no puede evaluarse con un único recurso, sino en el contexto de todos los fondos a disposición de las CCAA.
Esto significa que, aunque el Tribunal avale esta medida, no llevará a cabo un control real sobre la equidad de la distribución global. Se abre la puerta a que, si finalmente no progresa el cupo catalán, no será por incompatibilidad con la Constitución. Es importante recordar que hay normativas injustas que, aun siendo constitucionales, resultan erróneas.
Negociaciones y Cambios en la Financiación
Recientemente, se ha conocido que el gobierno de España busca ceder un mayor porcentaje del IRPF y el IVA a Cataluña. España tiene en cuenta ciertas competencias de Cataluña, como los Mossos d’Esquadra y las prisiones, pero estos factores ya se reflejan en el sistema actual.
El futuro de esta negociación podría significar un cambio importante o ser simplemente un espejismo. Si se modifican las “aportaciones” de manera que la financiación no se altere significativamente, el resultado será engañoso. En caso contrario, Cataluña podría recibir más recursos, perjudicando al resto del país. Esto se consideraría asimétrico, mas no inconstitucional.
Tribunal Supremo y Condena al Fiscal General
El jueves, el Tribunal Constitucional dio luz verde, por un voto de 7 a 5, a la constitucionalidad de los pagos fraccionados en el impuesto de sociedades para grandes empresas. Esta situación había sido declarada inconstitucional en el RDL 2/2016, pero las enmiendas a la ley de presupuestos de 2018 permitieron mantenerla en vigor.
- Recaudación del impuesto: El 90% de la recaudación del impuesto de sociedades proviene de estos pagos, alcanzando en 2024 los 37.865 millones de euros.
- Problemas derivados: La falta de atención a la inflación en el cálculo de ganancias patrimoniales puede llevar a pagar un IRPF sin capacidad económica real.
A pesar de la trascendencia de esta enmienda, podría considerarse irónico que haya pasado el control de constitucionalidad, ya que muchos consideran que los pagos son excesivos. Al fin y al cabo, el impuesto de sociedades necesita reformas urgentes.
Impacto y Reflexiones sobre la Condena al Fiscal General
En un giro inesperado, el Tribunal Supremo condenó al Fiscal General por revelación de secretos, imponiéndole una multa y dos años de inhabilitación. Aunque la pena es leve, la repercusión institucional es considerable, ya que García Ortiz ha continuado en sus funciones durante todo el proceso.
Se espera que el condenado busque apoyo en el Tribunal Constitucional, pero la creciente polarización política podría influir en futuras decisiones. La imagen de la Fiscalía, directa y profundamente afectada por esta situación, ha generado un ambiente de desconfianza hacia la institución y, por ende, hacia España en el extranjero.
Independientemente de la responsabilidad de García Ortiz, el gobierno debería actuar y nombrar a un nuevo Fiscal General de prestigio, así como reformar aspectos críticos. Es esencial establecer controles sobre información confidencial y evitar el uso de la Fiscalía como herramienta en confrontaciones políticas.
Accumular tensiones con críticas a la justicia solo puede acarrear mayores problemas, y resulta contraproducente para todos. Las tres sentencias de esta semana pueden no ser del agrado de muchos, pero es fundamental esperar a conocer su contenido completo para formarse una opinión más informada. En resumen, se hace evidente que el sistema tributario necesita una racionalización, así como que el PSOE y el PSC deberían haber reconsiderado sus posturas sobre el cupo catalán. Y, por supuesto, se requiere prudencia y respeto por parte del ex Fiscal General hacia el marco jurídico.
